La fiebre de la madera
La Organización Indígena Chiquitana pretende lograr una continuidad territorial en cinco provincias para poder aplicar las autonomías originarias y proyectos de gestión sostenible.
Bosques con ingentes recursos de madera rodean a las aldeas chiquitanas repartidas por cinco provincias del departamento de Santa Cruz. La pugna por estos territorios ancestrales aún no ha sido librada. Uno de los asesores de esta etnia en el tema, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini, subraya que la batalla agraria de los indígenas es a muerte y tiene como principales enemigos a los madereros y hacendados ganaderos. Un conflicto que logró sus frutos con la aceptación estatal de dos Tierras Comunitarias de Origen situadas en la provincia Ñuflo de Chávez, Lomerío y Monte Verde.
Según los cálculos de este experto, hay más de dos millones de hectáreas que fueron consolidadas para el pueblo chiquitano en suelo cruceño: más de un millón en Monte Verde, casi 300.000 en Lomerío, otras 380.000 en Bajo Paragua... “Debe haber por lo menos otras dos millones de hectáreas pendientes de definición, varias de las cuales están en el Parque Otuquis. Son territorios donde manda la madera, y también está la zona cercana al Pantanal, donde se inserta el proyecto mineral de El Mutún que va a impactar ambientalmente sobre muchos predios. Y ni hablar de la fauna y la flora presentes, porque se está hablando de áreas perteneciente a la Amazonia”.
La meta de la Organización Indígena Chiquitana (Oich) es lograr el reconocimiento de las otras peticiones agrarias para conformar, si se puede, una continuidad territorial étnica para aplicar las autonomías indígenas. Una continuidad que ya trata de hacerse patente con la creación de la mancomunidad chiquitana que fue creada el 23 de noviembre de 1996 por más de una docena de gobiernos municipales que se hallan al este y noreste del departamento de Santa Cruz y copan una extensión de 231.577. kilómetros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 23 millones de hectáreas, es decir, el 62 por ciento de la superficie del total de la región cruceña.
Los sembradíos de los chiquitanos se hallan insertos en sus Tierras Comunitarias de Origen, a kilómetros de sus hogares. Acceden a ellos mediante el permiso de una Asamblea Comunal convocada por la máxima autoridad local. El antropólogo Wigberto Rivero Pinto sostiene que estos predios tienen una importante riqueza forestal sujeta a la explotación ajena de empresarios ganaderos y madereros. Además, el constante desmonte para la habilitación de tierras de cultivo, la quema de bosques y la tala selectiva han llevado a la pérdida de cobertura vegetal importante, lo que ha ocasionado el deterioro del ecosistema.
El primer cacique general de la Oich, Rodolfo López, prefiere hablar de la conformación de une provincia chiquitana que aglutina a las provincias: Germán Busch, Ñuño de Chávez, Chiquitos, Ánge Sandóval y José Miguel de Velasco. “Hay unos 45 (pueblos de la etnia en esos lugares. Y superamos lo: 100.000 habitantes, pero vamos a hacer nuestro propio censo para demostrar que somos más. Hemos luchado por siete demandas de territorio, y aún quedan pendientes otras tres. La lucha no ha acabado. Pero nos está tocando ahora lidiar contra la piratería; de la madera, ya que lamentablemente no hay control social en nuestro terreno. Es algo pendiente”.
La investigadora del Cejis Elba Flores Gonzales dice que la fiebre por la madera ha cundido entre los originarios, quienes por esa razón incluso dejan de lado sus actividades económicas ancestrales como la agricultura, la caza y la pesca. “Ayudan a la extracción de este recurso. Otorgan autorizaciones para el asentamiento de barraqueras y a cada familia le llega un promedio de 200 bolivianos al mes. Una miseria si hablamos de la tala de madera de calidad como la mará, el tajibo, el membrillo... que escasean por esta labor abusiva”. Y en Lomerío, se tiene hasta 22 concesiones mineras que pueden dañar el medio ambiente.
Para Tamburini, otro asunto en ciernes es el tráfico de tierras que concierne a inmigrantes brasileños y terratenientes crúcenos. “Hay como un intento de acorralamiento a las aldeas para que sus habitantes rurales se vean obligados a vender sus propiedades. Pero el principal desafío de los chiquitanos es impulsar el saneamiento de estos predios y el diseño y aplicación de una política de desarrollo económico con normativas claras para los explotadores de recursos naturales. Y para ello es necesario que haya una autonomía indígena. Esto costó muchos años de lucha incesante y el bosque no se lo puede liquidar en cinco o siete años. Debe haber un futuro sostenible”.
López afirma que se han aprobado planes de gestión territorial en los predios que fueron recuperados por los originarios. “La Ley de Reconducción Comunitaria de la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria nos faculta a implementar este tipo de proyectos. Ahora buscamos una asociación forestal indígena nacional para garantizar el área maderera. Estamos conscientes de que todos los recursos son del Estado boliviano y que, por lo tanto, deben ser cuidados, y quienes mejor que los indígenas para velar por todo esto porque no tenemos una visión mercantilista”. Una propuesta que no avanza tan rápido como la tala verde que cunde a la zona chiquitana.