Como resultado de la capitalización de YPFB y la vigencia de la Ley de Hidrocarburos, ambos adoptados durante el gobierno Sánchez de Lozada (1993-1997), aumentaron espectacularmente las reservas de gas en Bolivia.
La historia gasífera boliviana se inicia en 1972 con las exportaciones que YPFB hace a la Argentina y que se prolongan por 29 años generando recursos para el Tesoro Nacional por 4.5 mil millones de dólares. Paralelamente, se hizo gestiones para abrir el mercado brasileño, hecho que sólo pudo concretarse en julio de 1999, veinticinco años después de haberlas iniciado durante el gobierno militar de Banzer. La capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y las cláusulas ultraliberales de la Ley de Hidrocarburos atrajeron al país montos nunca antes vistos de inversión extranjera directa en exploración y explotación de petróleo y gas. Consecuencia de ello fue que las reservas probadas de gas se elevaron a 58 trillones de pies cúbicos, los segundos en importancia en América del Sur, después de Venezuela.
Cronología
1936 | Fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.
1960-1963 | Descubrimiento de campos gasíferos en Caranda, Colpa y Río Crande, departamento de Santa Cruz.
1972 | Marzo: Inicio de exportación de gas a la Argentina.
1974 | Empiezan las negociaciones para la exportación de Gas Natural al Brasil.
1996 | Firma del contrato para la exportación de gas al Brasil.
1996 | Capitalización YPFB, exploración, explotación y transporte.
1999 | Finalización de la exportación de gas a la Argentina.
1999 | Julio: Inicio de exportación de gas al Brasil.
1999 | Diciembre: Privatización YPFB-refinerías.
2003 | Octubre: Guerra del Gas, conocida como “octubre negro”.
2004 | Enero: Inicio del proceso de revisión de la Ley de Hidrocarburos.
Ingresos fiscales generados por la producción de gas
Los ingresos percibidos durante los años 2002 y 2003 alcanzaron a 54 y 83 millones de dólares respectivamente. Estos recursos se originan en una tributación del 18% sobre la producción fiscalizada de hidrocarburos nuevos y un 50% sobre los hidrocarburos existentes antes de la promulgación de la ley. Para ambos casos, estas alícuotas incluyen el 11% de regalías departamentales y el 1% de regalías compensatorias (Beni y Pando). Una de las cláusulas más polémicas de la Ley de Hidrocarburos en vigencia es la relativa a la clasificación de hidrocarburos nuevos e hidrocarburos antiguos hecha con la finalidad de que los antiguos tributen el 50% de la producción en boca de pozo mientras los nuevos, sólo el 18%. Bajo ese régimen tributario, el 97% de las reservas de gas quedaron clasificadas lo cual incidió negativamente en los ingresos del Tesoro Nacional. Quienes critican esta política, sostienen que Bolivia es uno de los países que recibe menos ingresos en el mundo por concepto de explotación de su potencial hidrocarburífero.
La polémica en torno a la comercialización
Conocidos los volúmenes de las reservas probadas de gas, las empresas extranjeras Repsol YPF y Petrobras que se adjudicaron los campos hidrocarburíferos más ricos del país, formaron un consorcio con la finalidad de exportar gas a México y Estados Unidos. Para lograrlo, instaron al gobierno Banzer-Quiroga a negociar con Chile la instalación de una planta de licuefacción en un puerto de aquel país para luego transportar el gas en barcos metaneros hasta su destino. La oposición surgió en torno a industrializar el gas en el país antes de exportar y, la segunda, que no debía hacerse por un puerto chileno.
La guerra del gas
En 1993, el descontento con el nuevo período presidencial de Sánchez de Lozada (agosto 2002-septiembre 2003) marchó parejo a la oposición por exportar gas a través de un puerto chileno. El breve gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-200) entabló conversaciones reservadas con el gobierno chileno para que la instalación de la planta de licuefacción redundara en ventajas para Bolivia de tipo laboral, tributario y administrativo. Trascendió que las concesiones ofrecidas por Chile eran de tal naturaleza que equivalían a una cuasi soberanía boliviana. Sin embargo, la reacción popular fue de extrema desconfianza que heredó Sánchez de Lozada. Este tuvo que enfrentar una masiva y dura resistencia popular que desembocó en una insurrección cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto y que conocida como la “guerra del gas”. Como consecuencia de ella, el Presidente se vio forzado a renunciar a su cargo abandonando precipitadamente el país.
