Antonio José de Sucre, Mariscal de Ayacucho, asumió la responsabilidad de estructurar y proteger a la nueva República.
El "soldado-filósofo", nacido en Cumaná, Venezuela, gobernó Bolivia desde febrero de 1825 (seis meses antes de la declaratoria de la independencia) hasta agosto de 1828. Fiel a su ideología liberal pretendió modificar sustancialmente la estructura colonial de la época, actitud que fue duramente resistida por el estamento criollo. Adoptó una serie de disposiciones, sobresaliendo las siguientes:
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Ratificó las medidas de Bolívar, dictadas en el Perú, en relación a la propiedad de la tierra, los derechos de los indios y a la universalización de los tributos.
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Organizó el sistema de la hacienda pública.
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Dictó disposiciones para reactivar la actividad minera.
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Estableció medios para fomentar la instrucción pública y los servicios sociales.
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Decretó la confiscación de los bienes de las órdenes religiosas y monásticas, convirtiendo muchos conventos en cuarteles.
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Sancionó la primera Constitución Política del Estado, redactada por Bolívar, llamada "Constitución Vitalicia".
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Instaló la primera Corte Suprema de Justicia.
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Creó la Policía Nacional.
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Proclamó la libertad de prensa.
SUCRE Y LA IGLESIA.
La Iglesia Católica, era parte fundamental del poder monárquico. Acumuló gran poder económico, político y social. Sucre, de formación anticlerical y por requerimientos económicos de la nueva república, trató de cambiar esa estructura. Controló los diezmos; confiscó templos, conventos y propiedades; clausuró conventos con menos de 12 frailes, asimismo, disminuyó el número de los conventos de monjas.
Los bienes de la Iglesia, pasaron a propiedad del Estado; fueron utilizados para el funcionamiento de centros de enseñanza, hospitales o cuarteles. El fruto de la venta parcial de estas propiedades, sirvió para aliviar los recursos públicos. Sin embargo, estas reformas radicales, no solucionaron el problema financiero del Estado.
EXTRANJEROS EN EL GOBIERNO.
Sucre gobernó con varios personajes extranjeros. Esta situación causó profundo malestar entre la antigua élite charqueña. Y se agravaba debido a las características de la constitución vitalicia. A todo ello se sumó el descontento de la tropa colombiana por falta de pago y por el anhelo de volver a su tierra. Sucre es acusado de gobernar con foráneos menospreciando a los nacionales; de mantener un ejército numeroso extranjero que debía ser mantenido por la débil economía boliviana. Durante sus tres años de gobierno, Sucre tuvo que afrontar otros tantos motines alentados desde el Perú y Argentina.
LA INCORPORACIÓN DE TARIJA
Tarija desde su fundación en 1574 había dependido de la Audiencia de Charcas, pero en 1807, pasó al Obispado de Salta. Tarija en mayo de 1825 intentó enviar a sus representantes a la Asamblea de Chuquisaca, pero fue reclamada por Argentina y Bolívar aceptó la solicitud de ese gobierno. Los tarijeños, en agosto de 1826, pidieron nuevamente formar parte de Bolivia, petición que fue aceptada por Sucre contraviniendo la decisión del Libertador.
El ajuste de Piquiza
Durante el gobierno de Sucre, el peruano Agustín Gamarra invadió Bolivia para exigir la expulsión de las tropas colombianas de nuestro territorio, aunque, en el fondo, lo que buscaba era anexar Bolivia al Perú. La élite criolla boliviana alentó la Invasión peruana pues sentía que sus derechos habían sido lesionados por las reformas liberales de Sucre.
Sucre comprendió la gravedad del momento. Estaba dispuesto a cualquier sacrificio para salvar a Bolivia. Guiado por este criterio, acepta el Ajuste de Piquiza que establecía:
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El ejército colombiano debe abandonar el país.
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Debe reunirse el congreso para aceptar la renuncia de Sucre a la presidencia y designar un nuevo mandatario que sea boliviano.
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El país, debe pagar el costo de la movilización del ejército peruano que invadió Bolivia. El Mariscal de Ayacucho, antes de marcharse definitivamente del país, pidió “conservar por entre todos los peligros, la independencia de Bolivia”. Tiempo después, iba a ser asesinado en Berruecos.
