Sánchez de Lozada obtuvo la presidencia en 1993 con una plataforma electoral llamada “El Plan de Todos” cuyo punto central consistió en un inédito esquema privatizador de empresas públicas llamado “capitalización”.
Según lo enunciado en el Plan de Todos, la capitalización consistiría en la transferencia de las empresas estatales a empresarios privados a condición de que éstos inviertan una suma equivalente al valor de la empresa sujeta a capitalización para, de esa manera, obtener la propiedad del 50% de las acciones de dicha empresa. El 50% restante sería cedido por el Estado al conjunto de los ciudadanos bolivianos quienes se convertirían en propietarios. Sin embargo, ese derecho de los bolivianos quedó desvirtuado en la Ley de Capitalización de 1994 pues mientras un artículo dice que los bolivianos son propietarios de las acciones de las capitalizadas, el artículo siguiente expresa que ellos son sólo beneficiarios. Fue así como se capitalizaron las cinco empresas estatales más importantes del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Los inversionistas que participaron en la operación capitalizadora fueron todos extranjeros. No se dio ningún incentivo a la participación de inversionistas nacionales. Sin dificultad alguna, la Ley de Capitalización fue aprobada por las cámaras legislativas con el voto favorable de los tres partidos dominantes (MNR, MIR y ADN). La débil oposición a esta ley provino de algunas organizaciones sindicales.
Impuestos, dividendos y servicios
Según cifras oficiales, durante el quinquenio 1998-2002, las diez empresas capitalizadas han pagado 301 millones de dólares por impuestos, suma que comprende la regalía departamental y el aporte directo al Tesoro General de la Nación. La otra fuente de ingresos son los dividendos que durante el mismo período alcanzaron a 203 millones de dólares los cuales, por ley se destinan al pago del Bonosol. Pero, sin duda, la parte más positiva de la capitalización es la mejora sustancial en la prestación de servicios como distribución de carburantes, electricidad y telecomunicaciones, los que han aumentado tanto en cobertura como en producción. Aplicando ajustes, como algunos de los que ya están siendo puestos en práctica, pueden mejorar considerablemente los beneficios para el país de esta controversial medida adoptada durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
Cronología
1994 | 21 marzo. Ley 1544 de Capitalización.
1994 | 28 octubre. Promulgación de la Ley SIRESE que establece el sistema de regulación sectorial.
1995 | 20 marzo. Promulgación del D.S. 23981 que norma el proceso de contratación.
1995| 30 marzo. Promulgación del D.S. 23985, que otorga las facultades al Ministerio sin Cartera Responsable de la Capitalización para llevar a cabo el proceso de Capitalización.
1995 | 29 junio - 14 diciembre. Recepción de propuestas y adjudicación de empresas a capitalizar.
1997 | 29 abril. Promulgación del D.S. 24585, transferencia de los recursos previamente transferidos en fideicomiso a las AFPs.
El escándalo ENRON
En diciembre de 1994, mientras se llevaba a cabo en Miami una Cumbre de Presidentes Americanos, el presidente Sánchez de Lozada junto al canciller Antonio Araníbar y el embajador en Estados Unidos, Andrés Petricevic, refrendaron con su firma un contrato suscrito entre YPFB y la empresa norteamericana Enron para la construcción de un oleoducto a Brasil pese a que, en ese momento dicha firma no existía legalmente en Bolivia. Las condiciones de ese convenio se consideraron lesivas al interés nacional ocasionando una enérgica protesta en el país que dio origen al cambio de algunas cláusulas. Sin embargo, eso no impidió que Enron figurase como una de las empresas capitalizadoras de YPFB en condiciones que siguen siendo fuertemente cuestionadas. Poco después de haber ingresado a Bolivia, Enron entró en quiebra fraudulenta en Estados Unidos, lo que ha dado lugar al apresamiento de sus principales ejecutivos.
Política petrolera y capitalización
La capitalización en el sector petrolero atrajo un impresionante flujo de inversiones extranjeras al país, en montos nunca vistos anteriormente. YPFB quedó dividido en tres empresas llamadas Andina, Chaco y Transredes (de esta última es socia Enron) quienes, según cifras oficiales, han invertido cerca de 1,800 millones de dólares. Eso sin contar otros aportes de capital extranjero en este sector atraídos por los términos concesionales de la Ley General de Hidrocarburos. Amparados en ésta, YPFB ha suscrito un centenar de contratos de riesgo compartido con empresas transnacionales que han llevado a Bolivia a convertirse en el segundo país más importante de América Latina (después de Venezuela) en producción de gas natural.
Los rendimientos
En general, los rendimientos de las capitalizadas han sido menores a los esperados especialmente en el sector hidrocarburos. Los sectores de mejor comportamiento han sido energía, transporte ferroviario y telecomunicaciones. En el otro extremo se encuentra el transporte aéreo pues el LAB, lejos de proporcionar ingresos ha generado cuantiosas pérdidas y es un deudor crónico del Estado. En materia tributaria, antes de la capitalización, las cinco empresas estatales sometidas a este proceso, aportaron 1.700 millones de dólares en el quinquenio 1990-1994. La que aportó con el mayor volumen fue YPFB con el 8o% del monto expresado arriba, aunque es necesario reconocer que esos aportes la debilitaron al punto de ponerla al borde del colapso.
Las nuevas empresas
Las cinco empresas capitalizadas en 1994 dieron origen a diez empresas del nuevo esquema: de YPFB surgieron Petrolera Andina, Petrolera Chaco y Transredes. Por su parte, ENFE dio origen a Ferroviaria Oriental y Ferroviaria Andina mientras ENDE dio paso a las electrificadoras Corani, Guaracachi y Valle Hermoso. Sólo LAB y ENTEL mantuvieron sus nombres originales. Cuando se produjo la capitalización, el Gobierno anunció que esa medida crearía grandes oportunidades de empleo que en el Plan de Todos se estimó en 500.000 nuevos puestos de trabajo. La grave crisis económica que empezó en 1999, demostró que esa oferta estuvo totalmente alejada de la realidad. También fue decepcionante el hecho de que las capitalizadas adquirieran sus bienes y servicios en el exterior y no así en Bolivia.
