La controvertida Ley de Participación Popular

La Ley de Participación Popular fue adoptada en 1994 como una alternativa a la descentralización que fuera frenada el año anterior.  Consiste en una transferencia de recursos del gobierno central a 310 municipios.

Una de las reformas que logró más consenso entre la población boliviana, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, fue la Participación Popular.  Sus defensores sostienen que esta medida es una descentralización basada en el municipio pues el hacerla en base al departamento no hace otra cosa que acrecentar el poder de las oligarquías locales.  Los fondos transferidos en virtud de esta ley se calculan en base a la población de cada uno de los municipios a los cuales van destinados.  Ellos están en la obligación de invertir en áreas prioritarias que están establecidas en la propia ley y, a fin de evitar el mal uso de dichos recursos, se crearon las Organizaciones Territoriales de Base y las Juntas de Vigilancia integradas por miembros de la sociedad civil.  Las transferencias a los municipios representan el 20% del total de los ingresos nacionales y el 100% de las recaudaciones por concepto de impuestos a la propiedad urbana y rural, así como a los vehículos.  La Participación Popular ha recibido apoyo multilateral y bilateral, así como de fundaciones internacionales y ONG’s.

Partidos y participación

Con todos los defectos que se han atribuido al sistema de partidos políticos que emergió como consecuencia del restablecimiento de la democracia en la década de los 80’s, lo cierto es que ellos contribuyeron positivamente a que se implantara la participación popular.  Pero también es evidente que la dedicación de los partidos a precautelar la vigencia de esta ley, se motivaba en que, a través de ella, pudieron extender su presencia hasta en los más remotos rincones del país.  Esto, a su vez, permitía a las instancias cupulares de los partidos instalados en La Paz, a designar candidatos a concejos y juntas municipales a quienes les merecían confianza política.  Todo funcionaba más o menos armónicamente hasta que la eclosión social de octubre de 2003 produjo el descrédito irreversible de los partidos, muy especialmente de sus jefaturas.  A partir de ese momento, la participación popular quedó huérfana de liderazgo produciendo una desestructuración del precario sistema que se encontraba vigente.  El resultado ha sido una escalada de conflictos internos entre los beneficiarios de la ley que han conducido a hechos crimínales y deplorables como los de Ayo Ayo, los que seguramente se han de reproducir en otros lugares del país.

A partir de 1980, empezó una campaña a favor de la descentralización apoyada por el Comité pro Santa Cruz con el slogan: ¡Descentralización ya! Esta campaña estuvo vigente hasta mediados de 1994 cuando se dictó la Ley de Participación Popular y la de Descentralización administrativa.  Los líderes crúcenos quedaron perplejos.  Pedían descentralización departamental, y el gobierno fue más allá, llegando hasta los más pequeños y lejanos municipios, que celebraron y aprovecharon la novedad.  El paisaje rural boliviano se vio renovado con edificios escolares, canchas polifuncionales, plazas remodeladas, postas sanitarias, etc.  El debate por la descentralización se postergaría, en la próxima andanada de demandas llegarían más lejos: Autonomías departamentales.

Beneficiarios de la Participación Popular

Quienes se han beneficiado con la aplicación de esta ley han sido los municipios provinciales.  Mientras que hasta 1993 las capitales departamentales recibían el 92% de los recursos de coparticipación tributaria, los municipios, en conjunto, sólo recibieron Bs 16 millones, o sea, el 7,6% del total.  En cambio, en 1997 esa cifra subió a 583 millones, lo que significó un aumento de 3.418%.

Datos de la Participación Popular.

Debilidades del modelo

Examinada con sentido crítico, la Participación Popular presenta varias debilidades.  El caso es que, de los 314 municipios con que cuenta el país, el 72% tiene una población menor a 15.000 habitantes, incluyendo aquellos que no llegan a 500.  En estas condiciones la coparticipación sirve de poco.  Otra falencia consiste en la poca eficiencia del control social de los recursos.  Los Comités de Vigilancia, previstos en la ley, resultaron cooptados por los partidos políticos, los alcaldes y concejales de turno y, cuando nada de eso sucedía, simplemente había poco interés de la población en ejercer esas delicadas tareas que la ley ponía a disposición suya.  El objetivo de que el pueblo sea actor y dueño de sus decisiones, no se cumple, porque la planificación participativa sigue siendo una hermosa utopía.  Otra dificultad insalvable ha consistido en que los indígenas y, en términos generales, la población rural, no posee capacidad de gestión como para manejar idóneamente los recursos de un municipio que, en ocasiones, suelen ser cuantiosos, lo cual ha conducido a frecuentes casos de corrupción.  Se ha querido mitigar esa deficiencia con la realización de miles de cursos de capacitación que, aun costo muy elevado, han tenido lugar durante los últimos 10 años.  Sin embargo, al presente, los resultados no son satisfactorios.