Gobierno de Barrientos y Ovando; de Ovando, de Barrientos, y Siles Salinas

1. Gobierno bicéfalo de Barrientos y Ovando.

Al día siguiente de ese pronunciamiento armado, se organizó una Junta Militar de Gobierno presidida por los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia e integrada por el coronel David Lafuente, y los Tcls. Hugo Suárez Guzmán, Rogelio Miranda y Carlos Alcoreza.

Al asumir las Fuerzas Armadas el gobierno de Bolivia, expidieron el 5 de noviembre de dicho año la siguiente disposición:

“Considerando: — Que el Excelentísimo Presidente Constitucional de la República abandonó el territorio nacional, como consecuencia del movimiento revolucionario gestado en el país por las Fuerzas

Armadas en conjunción con universitarios, profesionales, fabriles, mineros, campesinos y la ciudadanía en general, sin consigna política o partidista”, y luego de otros dos considerandos más, resolvieron la constitución de la mencionada Junta Militar.

El primer gabinete ministerial de esta Junta Militar estuvo conformado de la siguiente manera: Tcnl. Joaquín Zenteno Anaya, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Tcnl. Oscar Quiroga Terán, de Gobierno, Justicia e Inmigración; Cnl. Juan José Tórrez Gonzáles, de Hacienda y Estadística; Gral. Hugo Suárez Guzmán, de Defensa Nacional; Cnl. Hugo Banzer, de Educación y Cultura; Cnl. Sigfredo Montero Velasco, de Obras Públicas y Comunicaciones; Tcl. Julio Sanjinés Goitia, de Economía Nacional; Cnl. Rogelio Miranda, de Agricultura, Ga-nadería y Colonización; My. Samuel Gallardo Loza- da, de Trabajo y Seguridad Social; Cnl. Carlos Ar-diles, de Salud Pública; Cnl. Eduardo Méndez Pereira, de Minas y Petróleo; Tcnl. René Bemal, de Asuntos Campesinos; Marcelo Galindo de Ugarte, Secretario de Planificación, y Cnl. Juan Lechín Suárez, Presidente de la Corporación Minera de Bolivia.

Ese mismo día y con sólo la firma del Presidente Gral. Barrientos y de algunos de los Ministros, se expidió un decreto supremo cuyo artículo 1ᵒ expresaba:

“Las Fuerzas Armadas de la Nación, como institución tutelar de la República, no pertenecen a partido político alguno, a fin de no comprometer su imparcialidad e independencia”.

Asimismo, se expidió otro decreto supremo en el que se declaraba vigente la Constitución Política del Estado sancionada por la H. Convención Nacional de 1945, con las reformas aprobadas por el H. Congreso Constituyente del año 1947.

Con motivo de la conmemoración del Centenario del que fuera Presidente de la República de Bolivia, Mariscal Andrés de Santa Cruz, cuyo fallecimiento se produjo en la ciudad francesa de Versalles el 25 de septiembre de 1865, fue expedido un decreto supremo por el que se instituyó como “Año del Mariscal Santa Cruz” el de 1965, en el cual fueron repatriados sus restos en forma solemne.

Para este efecto viajó a fines de 1965 una comisión presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Gral. Hugo Suárez Guzmán. Al retomo de esta comisión, se trajo en un buque de guerra de Francia los restos del Mariscal, a través del Atlántico, para desembarcarlos en Panamá.

Desde dicha capital, el traslado de aquellos restos se lo realizó en un avión de la Fuerza Aérea de Bolivia, habiéndoseles rendido homenaje en Caracas, Quito, Lima y, finalmente, en La Paz, efectuándose en todas esas capitales actuaciones de gran relieve y de confraternidad internacional.

El 24 de enero de 1965 fue expedido por la Junta Militar de Gobierno el decreto supremo por el cual se determinaba que el último domingo de septiembre de dicho año, se realicen elecciones para Presidente, Vicepresidente de la República y Senadores y Diputados, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Electoral.

Una vez expedido ese decreto, apreciable número de integrantes del MNR se alejó de esta entidad y luego se organizó una nueva a la que pusieron el nombre de Movimiento Popular Cristiano (MPC), a cuya cabeza se puso el Mayor de Servicios de Aviación, Hugo Bozo Alcocer cuyos componentes tomaron a su cargo la propaganda electoral del general René Barrientos Ortuño para la candidatura presidencial.

En esa misma fecha de 24 de enero, fue dictado otro decreto supremo por el cual se derogó el Estatuto Electoral de 9 de febrero de 1956, elevado a categoría de ley el 26 de diciembre de 1959, así como todas las disposiciones reglamentarias y reformistas que le eran inherentes.

A fin de redactar un nuevo proyecto de Estatuto Electoral, se designó una comisión encargada de redactar dicho documento, la cual estuvo constituida por Jesús Lijerón Rodríguez, como Presidente de ella, e integrada por los vocales Mario Rolón Anaya, Juan B. Arze y Víctor Hugo Mendizábal.

El 30 de abril de 1965 fue expedido el decreto supremo por el cual se convocaba a elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República y de Senadores y Diputados, habiéndose fijado el último domingo de octubre para la realización de dicho acto.

En el artículo 29 de dicho decreto se dispuso que los Senadores y Diputados electos debían reunirse en una sola Asamblea Constituyente durante los primeros sesenta días, con el único y exclusivo

objeto de sancionar las reformas necesarias a la Constitución Política de 1945, reformada en 1947.

Estos decretos electorales y reformatorios de la Constitución Política del Estado, no fueron bien recibidos por gran parte de la opinión pública nacional, manifestada en críticas y en descontento general, a consecuencia de lo cual el gobierno creyó prudente retrasar por algún tiempo más la fecha señalada en anterior disposición, y a fin también de incrementar los cuadros del MPC, que se hallaban en estado de formación.

Como la situación política contraria al gobierno se acrecentaba en forma notable, el 17 de mayo de 1965 fue declarado en Estado de Sitio el territorio nacional y, además, se dispuso la movilización general de todos los bolivianos, desde los 19 años de edad hasta los 50 años.

Estas medidas adoptadas por el gobierno, en vez de apaciguar a la ciudadanía en general, hicieron que se aumenten las protestas de los trabajadores mineros de Bolivia, motivo por el cual pocos días después de la dictación de esas disposiciones, o sea el 23 del mismo mes de mayo, fueron declaradas zonas militares aquellas en las cuales se encuentran los establecimientos mineros de la Corporación Minera de Bolivia.

Para dar mayor fuerza a la composición de la Junta Militar de Gobierno, el 26 de mayo se materializó la incorporación del general Alfredo Ovando Candia a la Presidencia de la Junta Militar de Gobierno, conformada teóricamente con este personaje desde el 4 de noviembre de 1964.  A la vez se dispuso que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, sería ejercido simultáneamente por ambos Presidentes.

Como consecuencia de las anteriores disposiciones, a partir de esa fecha todos los documentos emanados de la Junta Militar de Gobierno eran firmados por los dos Presidentes, generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candía.

Fue recibido con todo desagrado por la opinión pública el decreto supremo expedido el 14 de jimio de 1965, por el cual se dispuso la clausura de SESENTA Y CINCO radiotransmisoras instaladas en diferentes localidades de los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija y Beni, de las que se dijo trabajaban clandestinamente, cuando muy bien pudo habérseles dado un plazo perentorio para que efectúen los trámites correspondientes.

El estado de agitación y descontento por las últimas medidas adoptadas por el gobierno, culminó con la masacre que se hizo en la triste noche de San Juan, 23 de junio de 1965, por fuerzas del Ejército que sorprendieron a los mineros cuando estos celebraban pacíficamente con el encendido de las tradicionales fogatas aquella celebración.

El Presidente Barrientos, luego de producida esa acción, salvó por declaraciones que hizo en la prensa, la responsabilidad que pudiera tener el Comando de las Fuerzas Armadas de la Nación, al decir que él era quien impartió la orden de fuego, porque sabía que los mineros iban a ir a una insurrección armada;

El 31 de diciembre de 1965 fue expedido el decreto supremo de convocatoria a elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, señalándose el plebiscito para el primer domingo del mes de julio de 1966, correspondiente al período comprendido en los años de 1966 a 1970.

En el mismo decreto se determinaba que el mismo día debían efectuarse las elecciones de Senadores y Diputados.  También se dispuso que la instalación del Congreso Nacional y la investidura del Mando presidencial debían efectuarse en la sesión congresal del 6 de agosto de 1966.

El Congreso a instalarse funcionaría en carácter de Asamblea Constituyente por el tiempo estrictamente necesario para considerar la Reforma de la Constitución Política del Estado.  El decreto se hallaba suscrito por los Copresidentes Barrientos Ortuño y Ovando Candía.

Al día siguiente de haberse expedido el decreto supremo de convocatoria a elecciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, o sea el 1 de enero de 1966, un Copresidente de la Junta Militar de Gobierno renunció sus funciones, para habilitarse como candidato a la Presidencia de la República, habiéndose derogado, en consecuencia, el decreto de 1 de octubre de 1965, que fijaba normas para la firma de las disposiciones legales dictadas por la Junta Militar de Gobierno.

2. Gobierno unipersonal de Ovando.

Una de las primeras disposiciones suscrita por el Presidente Ovando Candia fue la de modificar algunos artículos de la Ley Electoral, que entonces se hallaba en vigencia.

El 30 de mayo de 1966 fue expedido el decreto supremo por el cual eran nominados los 1109 distritos electorales del país, establecidos de conformidad con una de las modificaciones de la Ley Electoral.

Entretanto, en ese período preelectoral un sector del MNR, el MPC en toda su integridad y el PSD, también en su integridad, apoyaron la candidatura del Gral. René Barrientos Ortuño, para Presidente de la República, y de Luis Adolfo Siles, del PSD, para Vicepresidente.

En las elecciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del primer domingo de julio obtuvieron mayoría absoluta de votos el General Barrientos Ortuño para Presidente y Luis Adolfo Siles, para Vicepresidente, quienes prestaron el juramento de ley en la sesión del Congreso Nacional, celebrada el 6 de agosto de 1966.

3. Gobierno de Barrientos.

El mismo día, el Presidente Barrientos organizó su gabinete ministerial en la siguiente forma: Alberto Crespo Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Antonio Arguedas Mendieta, de Gobierno, Justicia e Inmigración; José Romero Loza, de Hacienda y Estadística; Gral. Hugo Suárez Guzmán, de Defensa Nacional; Fernando Diez de Medina, Sin Cartera; Edgar Ortiz Lema, de Educación y Cultura; Cnl. César Loma Navia, Obras Públicas y Comunicaciones; Rolando Pardo, de Economía Nacional; My Hugo Bozo Alcocer, de Agricultura, Ganadería y Colonización; Vicente Mendoza Nava, de Trabajo y Seguridad Social; Roque Aguilera Vargas, de Salud Pública; Fadrique Muñoz Reyes, de Minas y Petróleo; Florencio Alvarado, de Asuntos Campesinos; Marcelo Galindo de Ugarte, Secretario General de la Presidencia; Miguel Bonifaz R., de Planificación, y Gral. Juan Lechín Suárez, Presidente de la Corporación Minera de Bolivia.

Al mes siguiente, 2 de septiembre, el Presidente Barrientos promulgó la ley por la cual se mantenía la Constitución Política del Estado, con las reformas promulgadas el año 1947, y las referentes a la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el Código de Educación y el voto universal”.

El Presidente Barrientos viajó a Lima el 14 de octubre de 1966, para sostener una entrevista con el Presidente del Perú, habiendo asumido la Presidencia de la República el Vicepresidente Luis Adolfo Siles. El retorno del Presidente Barrientos se efectuó el día 17 del mismo mes.

Días más tarde, 23 de octubre, el Presidente Barrientos realizó un nuevo viaje, esta vez al Brasil, para entrevistarse con el Presidente de dicha Nación, mientras el Vicepresidente Siles Salinas quedaba nuevamente en funciones presidenciales, hasta el día 30, en que se efectuó el retomo de aquel.

El 23 de marzo de 1967 estalló un golpe guerrillero en el Sudeste del territorio nacional, encabezado por el médico argentino “Che Guevara”, integrado por varios elementos extranjeros, la mayor parte de ellos de nacionalidad cubana. Entre ellos se encontraba el teórico marxista Régis Debray, autor del libro “Revolución en la revolución”.

La finalidad de aquel golpe era buscar la ayuda y protección de los campesinos de la zona en la que actuaban, con el propósito de levantar al pueblo boliviano a favor de una revolución de carácter y de ideología marxista.  Empero, el plan les falló por completo, pues el campesinado todo de Bolivia, no iba a estar en favor del comunismo, mucho más si ellos ya estaban favorecidos por la Reforma Agraria establecida el 2 de agosto de 1953, durante el gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro.

Las Fuerzas Armadas de la Nación se movilizaron de inmediato de acuerdo a las disposiciones adoptadas por el gobierno del Presidente René Barrientos Ortuño, habiéndose producido una larga campaña de siete meses, hasta que al final, con la muerte del “Che Guevara”, los pocos guerrilleros extranjeros que aún quedaban, lograron salir en fuga del territorio boliviano, con lo cual se pacificó la República, pero se tuvo que lamentar algunas bajas producidas en la oficialidad y tropa del Ejército que batió a los guerrilleros.

Antes aún de que cesaran las acciones de fuerza entre los defensores de la integridad boliviana y los extranjeros que provocaron el estado de defensa de la soberanía nacional, el gobierno del Presidente Barrientos expidió el decreto supremo de 5 de julio de 1967, en el cual se dispuso crear “una ayuda económica especial en favor de los deudos de las Fuerzas Armadas de la Nación, tanto militar como civil, así como de la Policía Boliviana”.

Por decreto supremo de 21 de julio del indicado año, se convocó a los Senadores y Diputados a Congreso ordinario, cuya inauguración se efectuó el 6 de agosto, aniversario de la Independencia.

Como finalización de la campaña que se hizo contra los guerrilleros extranjeros que incursionaron en territorio boliviano, el 8 de octubre de 1967 fue expedido el decreto supremo por el cual se declaraba Día del Pueblo Revolucionario Patriota, el indicado 8 de octubre.

Entre el 18 y el 20 de julio de 1968 se produjo un hecho insólito y de alta traición a la patria, protagonizado nada menos que por el propio Ministro de Gobierno, Justicia e Inmigración, Antonio Arguedas Mendieta, quien desapareció misteriosamente del país.

Debido a esta circunstancia tan penosa para el prestigio de Bolivia, el 21 de julio fue expedido un decreto supremo, en cuya parte considerativa se expresaba:

“Que, por razones que son de conocimiento público, la Cartera de Gobierno, Justicia e Inmigración, ha quedado en acefalia;

“Que, para el normal desenvolvimiento de las actividades del Poder Ejecutivo, es imprescindible designar al nuevo titular de esa Cartera”, resolviéndose designar en dichas funciones al Cnl. Juan Pérez Tapia.

Como es de suponer, el escándalo no sólo fue de carácter nacional, sino repercutió internacionalmente en el mundo, todo, habiéndose sabido que el ex-Ministro había buscado asilo en Cuba, llevando como presente al gobierno de aquel país las manos amputadas del “Che Guevara”, jefe del grupo guerrillero que incursionó en territorio boliviano.

Al conocerse en la ciudad de La Paz la fuga del ex-Ministro de Gobierno, se efectuaron manifestaciones de repudio, lo cual obligó al gobierno a declarar Estado de Sitio en el país, cuyo primer Considerando dice lo siguiente:

“Que, aprovechando de la publicación del Diario del guerrillero Ernesto Guevara y de la fuga del ex-Ministro de Gobierno, Antonio Arguedas Mendieta, los dirigentes y militancia de los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario, Falange Socialista Boliviana y Partido Revolucionario de Izquierda, han provocado ayer (20 de Julio) en esta ciudad, una abierta rebelión contra el régimen constituido, con armas de fuego, alterando el orden, asaltando mercados y pequeños comercios de gente modesta, y ocasionando bajas en las fuerzas de la Guardia Nacional de Seguridad”, se declaraba el mencionado Estado de Sitio.

El domingo 27 de abril de 1969, en circunstancias en que el Presidente general René Barrientos Ortuño sobrevolaba en un helicóptero la localidad de Arque, departamento de Cochabamba, que la había visitado aquel día, la nave aérea en la que iba a retomar a la ciudad de Cochabamba cayó en tierra, habiendo perecido en el accidente el mencionado mandatario, conjuntamente con los tripulantes y acompañantes que le escoltaban.

Como consecuencia de este infortunado percance, el Vicepresidente de la República asumió el mismo día las funciones de Presidente de Bolivia. de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

4. Gobierno de Siles Salinas.

Al asumir las funciones de Presidente de la República, el Vice Luis Adolfo Siles Salinas, expidió esa misma noche el decreto supremo suscrito por todos los Ministros del anterior gobernante, quiénes quedaban en sus funciones, un decreto supremo en cuyo artículo 1ᵒ se expresaba que, “como homenaje de la Nación boliviana al ilustre mandatario trágicamente desaparecido, decretaba duelo nacional en todo el territorio de la República durante 30 días, con la enseña nacional a media asta”.

Días después, el 5 de mayo, los Ministros que ejercían funciones desde el nombramiento que Ies hiciera el Presidente Barrientos, renunciaron sus cargos, habiéndose formado el gabinete ministerial del Presidente Siles con los siguientes ciudadanos:

Gustavo Medeiros Q., Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Cnl. Eufronio Padilla, de Gobierno, Justicia e Inmigración; Gral. Enrique Gallardo, de Defensa Nacional; Luis d’Avis, de Hacienda; Víctor Quinteros R., de Educación; Gustavo Méndez, de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes; René Candia R., de Economía Nacional; Mario Quíntela, de Agricultura; Alcira Espinoza, de Trabajo, siendo de advertir que esta fue la primera mujer que ejerció en Bolivia funciones ministeriales Félix Gómez, de Asuntos Campesinos; Jorge Rojas Tardío, de Salud Pública; Rodolfo Luzio L., Secre-Presidente de la Corporación Minera de Bolivia; Lucio Paz, de Coordinación y Planeamiento y Walter Montenegro, de Cultura, Información y Turismo.

Al llegar el 6 de agosto y de acuerdo con los mandatos de la Constitución Política del Estado, fueron iniciadas las labores del Congreso Nacional, en una de cuyas sesiones de la Cámara de Diputados hubo una petición de informe al Ministro de Relaciones Exteriores, acerca de la ubicación del cerro Chovoreca, que divide las fronteras de Bolivia y el Paraguay en la zona donde se encuentra dicho cerro, habiendo sido esta actuación una de las más importantes de dicha rama del Poder Legislativo.

En 1970 debía efectuarse la renovación del Poder Ejecutivo, cuyo mandato fenecía el 6 de agosto de dicho año. En atención a estas circunstancias, desde mediados de 1969 iniciaron trabajos electorales para la Presidencia de la República el general Armando Escobar Uría, quien ejercía entonces las funciones de Alcalde Municipal de La Paz, y el general Alfredo Ovando Candia, que ejercía las de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Durante los meses en que se iniciaban las actividades proselitistas de ambos candidatos, se advirtió que el general Escobar Uría tenía mayores posibilidades de obtener el favor mayoritario del electorado nacional.

En vista de esas probabilidades, el general Ovando, que jefaturizaba el Comando de las FF. AA., buscó el apoyo de gran parte de los jefes y oficiales de dichas Fuerzas y, de manera sorpresiva, mientras el Presidente Siles Salinas celebraba en la ciudad de Santa Cruz la efemérides departamental de ese distrito de la República, dio un golpe cuartelero, realizado en la ciudad de La Paz el 26 de septiembre de 1969, habiendo expedido en esa fecha un decreto supremo cuyo primer Considerando expresa lo que sigue:

“Que, interpretando los anhelos populares y con propósito de mantener la paz interna, la seguridad nacional y la soberanía de la República, las FF. AA. de la Nación han emitido un Mandato Revolucionario, señalando los lineamientos de las grandes transformaciones que requiere el país”.

Como consecuencia de lo producido, en la misma noche del 26 de septiembre asumió las funciones de Presidente de la República, habiendo constituido su equipo ministerial con los siguientes ciudadanos:

Tcnl. Juan Ayoroa Ayoroa, Ministro de Gobierno, Justicia e Inmigración; Antonio Sánchez de Lozada, de Hacienda; Gral. David Lafuente Soto, de Defensa; Mariano Baptista Gumucio, de Educación; Cnl. Edmundo Valencia Ibáñez, de Economía; Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Minas y Petróleo; Mario Rolón Anaya, de Trabajo y Seguridad Social; José Luis Roca García, de Agricultura; Wálter Arzabe Fuenteizas, de Salud Pública; Alberto Bailey Gutiérrez, de Cultura, Información y Turismo; Gral. León Kolle Cueto, de Asuntos Campesinos; José Ortiz Mercado, de Planificación; Gral. Jaime Paz Soldán Pol, de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes; Cnl. Carlos Hurtado Gómez, Presidente de la Corporación Minera de Bolivia; y Oscar Bonifaz Gutiérrez, Secretario General de la República.

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